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La detención del exlíder de las FARC Jesús Santrich tensa el proceso de paz en Colombia

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Jesús Santrich, excomandante de las FARC. YAMIL LAGE AFP

El Gobierno reconoce que la aplicación de los acuerdos atraviesa su momento más delicado mientras la antigua guerrilla rechaza el arresto

A. MARCOS

Bogotá/ El proceso de paz en Colombia atraviesa su momento más difícil. Lo reconoce el Gobierno de Juan Manuel Santos y lo denuncian las FARC. La detención por narcotráfico de Jesús Santrich, excomandante de la guerrilla ahora con escaño en el Congreso, tensa el desarrollo de la aplicación de los acuerdos de La Habana. El excombatiente fue capturado el lunes a petición de un juzgado de Nueva York acusado de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a EE UU. El presidente afirmó que si se demuestra su responsabilidad no le temblará la mano para extraditarle.

“Sin lugar a dudas, es el suceso más delicado”, dijo este martes el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. “El impacto es profundo”, concedió, aunque señaló que se trata de una situación previsible que solo puede resolverse “aplicando la institucionalidad”. El arresto de Santrich, por un delito cometido tras la firma de la paz, sacude el país en plena campaña electoral -el 27 de mayo se celebran comicios presidenciales- y se produjo cuando aún no se conocía la decisión de Donald Trump de cancelar su viaje a la Cumbre de las Américas y su visita oficial a Colombia, prevista para el domingo.

A LA ESPERA DE LAS EVIDENCIAS

Ni la defensa del líder de la FARC ni la JEP han recibido todavía la documentación de la Fiscalía. Llamadas telefónicas, conversaciones de WhatsApp y demás material gráfico adquiridos por una investigación liderada por fiscales federales de Estados Unidos. “Resulta sorprendente que ninguna autoridad colombiana haya detectado que una persona con un dispositivo de seguridad permanente de la Policía Nacional y sus comunicaciones intervenidas esté traficando con 10 toneladas de cocaína”, se plantea Enrique Santiago. Santrich, como el resto de altos mandos de la exguerrilla, cuenta con vigilancia de la Unidad Nacional de Protección, organismo del Ministerio del Interior.

A las consideraciones del Gobierno se añade el rechazo frontal de las FARC. “Esto es un intento de hacer saltar por los aires el proceso de paz”, opina el abogado español Enrique Santiago, asesor de la guerrilla durante las negociaciones. “Además de una estrategia de manual para limitar el derecho a la defensa y enviar el caso directamente a Estados Unidos”. Mientras, el partido de la antigua guerrilla habla abiertamente de montaje judicial. “Un plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana que amenaza extenderse a toda la excomandancia fariana con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido”, dice Iván Márquez, otro de los dirigentes

“Obviamente, hay una crisis”, señala Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, a propósito de la frustración en las filas de las FARC y la amenaza de la reincidencia. Lo sucedido demuestra también, no obstante, que “la Fiscalía sigue actuando, el Estado sigue actuando y se comprueba que el proceso de paz no fue un pacto de impunidad”. En cualquier caso, señala Ávila, las consecuencias de la detención atravesará de alguna forma la campaña.

“Aquí gana todo el mundo. Esto legitima el acuerdo de paz. Santos gana porque no hay impunidad y las instancias judiciales tienen capacidad de actuar”, considera Sergio Guzmán, analista de la consultora británica Control Risks. “Por otro lado, las advertencias del Centro Democrático y Álvaro Uribe también quedan comprobadas. Todo el mundo tiene cómo sacarle provecho ante las próximas elecciones”, continúa. El Gobierno, en su opinión, ahora “tiene la sartén por el mango y tiene que demostrar que hay evidencias contundentes de que estos hechos ocurrieron para que no quede en tela de juicio”.

Envíos en aviones

Santrich pasó su primera noche en prisión preventiva en el búnker de la Fiscalía de Colombia. A primera hora de la tarde del lunes, fue capturado en su casa de Bogotá por orden de la Interpol. El que fuera uno de los máximos comandantes de las FARC, actual dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido en el que se convirtió la antigua guerrilla en 2017, se enfrenta a la justicia colombiana y a la estadounidense.

En la circular roja emitida se describe cómo supuestamente el líder de las FARC se reunió en diversas ocasiones con varias personas para gestionar el envío de cocaína en aviones con matrícula estadounidense. El destino, según el documento de la Interpol, era Miami. “La ley estadounidense establece que una persona acusada por estos delitos debe de ser juzgada en Estados Unidos”, se lee. Es decir, Santrich y las otras cuatro personas involucradas en esta supuesta red criminal podrían ser extraditadas.

Antes de que se tome esa decisión por la Corte Suprema, la Cancillería y la Presidencia de Colombia, el caso tendrá que ser analizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), el organismo ideado en los acuerdos para juzgar los delitos cometidos durante medio siglo de guerra. “El señor Seuxis Peucos Hernández Solarte [nombre civil de Santrich], se postuló ante la Jurisdicción Especial para la Paz y suscribió la correspondiente acta de sometimiento a la justicia. Esto quiere decir que es sujeto de la JEP”, asegura Patricia Linares, presidenta de la entidad.

La JEP analizará cuándo se cometió el delito. La fecha es clave. Si fue antes de la firma de la paz, el organismo se encargará de juzgar el proceso y Santrich accedería a los beneficios judiciales de este sistema. En caso de que se demuestre que estuvo delinquiendo después, tendría que remitirse a la justicia ordinaria. Santiago recuerda, aun así, que la ley contempla otra posibilidad recogida en la justicia transicional. "El artículo 19 especifica que en caso de solicitud de extradición se podrá denegar y la JEP decidirá si la conducta es competencia del Sistema Integral de Verdad o vuelve a la justicia ordinaria.

Desde la Fiscalía de Colombia, no obstante, aseguran que las fechas están “clarísimas”. Argumentan que el supuesto delito se cometió de forma continuada desde junio de 2017 hasta la actualidad, aunque por el momento no se haya celebrado ningún juicio y, por tanto, no haya una condena en firme. Con esta convicción, el organismo judicial se remite al procedimiento habitual: el traslado de Santrich a una prisión colombiana a la espera de la aprobación de la extradición para que se someta a juicio en Estados Unidos.

 

Fuente: EP

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