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“Sería ridículo dar un permiso temporal a los ‘dreamers’ a cambio de que deporten a sus padres”

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Kevin de León, en su despacho durante una entrevista con EL PAÍS en 2016. APU GOMES

El presidente del Senado de California, Kevin de León, reclama un acuerdo que proteja a los jóvenes inmigrantes crecidos en EE UU

AMANDA MARS

Washington/ Esta es la semana clave para el futuro de los dreamers, los jóvenes que llegaron a EE UU de forma irregular siendo niños y que han estudiado y crecido en este país como cualquier otro ciudadano. Donald Trump exige a los legisladores demócratas un acuerdo para la construcción del polémico muro en el límite con México, más recursos en el control de fronteras y mano dura contra la inmigración sin papeles a cambio de evitar su deportación. La condición suena absurda para el presidente del Senado de California, Kevin de León. "Sería ridículo entregar un permiso temporal a esos jóvenes a cambio de que deporten a sus padres, esa es una tregua que no se debe permitir", dijo a EL PAÍS este martes, tras su encuentro en Washington con una agrupación de jóvenes dreamers.

Demócratas y republicanos negocian esta semana un acuerdo para ampliar la financiación de la Administración y evitar el cierre gubernamental o shutdown antes del viernes por la noche, cuando se acaban los fondos. Pero los progresistas presionan pidiendo una solución para los dreamers, un colectivo de casi 700.000 jóvenes que quedaron en el limbo cuando Trump decidió poner fin al programa DACA (Acción Diferida para Llegadas Infantiles, en sus siglas en inglés) de Barack Obama, por el cual obtenían una cobertura legal, a renovar cada dos años.

"Que quede claro, los republicanos controlan todos los niveles de Gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estamos hartos y cansados de estas manipulaciones y juegos políticos, no jueguen con la vida de estos jóvenes, los dreamers no son una moneda de cambio. La responsabilidad de que el Gobierno no cierre cae sobre los hombros de los republicanos", recalca de León.

Nacido en San Diego e hijo de una inmigrante guatemalteca, que salió adelante como limpiadora en Estados Unidos, el líder del Senado de la progresista California ha hecho de la defensa de los inmigrantes el sello de su carrera política. Ahora pugna por convertirse en el candidato demócrata del estado al Senado de EE UU en Washington. Se ve con opciones de cara a las legislativas de noviembre. A su juicio, "2018 puede ser una ola de victoria para los demócratas. Los republicanos siguen con un retórica repugnante, vil, ultraderechista y la mayor parte de americanos teme los perjuicios que pueda causar el hombre que ocupa de la Casa Blanca".

Cuando se le pregunta sobre la política que el Partido Demócrata debe adoptar respecto a la inmigración irregular, De León marca una frontera entre los sin papeles que ya se encuentran en EE UU y la posible entrada de nuevos extranjeros de forma irregular. "Con los 11 millones de indocumentados que están en el país hay que abrir un camino hacia la residencia temporal y después un sendero que les lleve a la ciudadanía", afirma, si bien, "controlar la inmigración irregular hacia EE UU procedente de cualquier país, puede ser de España o África, China o Corea, es un derecho. Todo país tiene derecho jurídico a controlar esas fronteras". "Pero hay pensar en que hay 11 millones de personas de gente trabajadora que paga impuestos", insiste.

 

Fuente: EP

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La policía de EE UU lanza una redada en cerca de 100 tiendas 7-Eleven en busca de inmigrantes indocumentados

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Agentes de la policía frente a un 7-Eleven este miércoles de madrugada. CHRIS CARLSON AP

El dispositivo nacional supone una nueva táctica dentro de la agresiva estrategia de deportaciones de Donald Trump

NICOLÁS ALONSO

Washington/ La policía migratoria de Estados Unidos realizó este miércoles una redada en cerca de 100 establecimientos de la cadena 7-Eleven. El operativo, que se extendió por 17 Estados del país, tenía como objetivo investigar la legalidad de los empleados, muchos de ellos inmigrantes, y resultó en 21 detenciones. Es la primera vez que la agresiva estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump fija la diana en una gran empresa.

Antes del amanecer, centenares de agentes desde el distrito coreano de Los Angeles hasta Nueva York, pasando por la capital, Washington y otros Estados como Florida, inspeccionaron y entrevistaron a empleados y gerentes de los pequeños establecimientos. “Las acciones de hoy son un mensaje poderoso a las empresas estadounidenses que contratan y emplean a inmigrantes indocumentados: nosotros aplicaremos la ley, y si ustedes están saltándose la ley, serán consecuentes de sus hechos”, afirmó en un comunicado Thomas D. Homan, el director interino de la agencia migratoria.

En declaraciones a AP, Derek Benner, el responsable de las investigaciones de la agencia migratoria describió la operación de la siguiente manera: “Es un calentamiento para lo que nos espera este año. Verán más inspecciones de gran envergadura como esta”.

El dispositivo del miércoles supone una nueva táctica para la Administración Trump, que desde que ocupó la Casa Blanca hace casi un año ha desplegado una dura retórica antiinmigrante y mantenido su promesa de construir un muro en la frontera sur, además de aprobar un veto migratorio contra refugiados e inmigrantes de países musulmanes. El Ejecutivo ha aumentado las deportaciones en 40% desde el pasado enero. Mientras, la entrada de inmigrantes que cruzan la frontera con México han caído en un 24%.

7-Eleven es uno de los conglomerados principales de tiendas de conveniencia en EE UU, con más de 60.000 establecimientos en todo el mundo. Muchos de sus locales están abiertos 24 horas y venden una amplia gama de productos básicos y snacks. En un comunicado a The Washington Post, la empresa basada en Texas se desligó de sus franquicias y defendió que no es responsable del proceso de contratación en cada establecimiento. Las investigaciones del miércoles proceden de una operación realizada hace cuatro años en uno de los locales de la empresa en Nueva York, en el que las autoridades arrestaron a nueve dueños y gerentes por “amparar a inmigrantes indocumentados”.

 

Fuente: EP

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Un juez bloquea la decisión de Trump de eliminar la protección de los ‘dreamers’

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Manifestantes a favor del programa DACA, la semana pasada en Los Ángeles. En vídeo, declaraciones de Donald Trump. REED SAXON FOTO: AP

La medida cautelar impide al Gobierno rescindir el programa DACA mientras se juzga la denuncia de California contra la Casa Blanca

Pablo Ximénez de Sandoval

Los Ángeles / Después de meses de angustia, los llamados dreamers de Estados Unidos lograron este martes una victoria parcial contra Donald Trump. Un juez federal de California decidió bloquear la eliminación del programa que protege de la deportación a casi 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron a EE UU de forma irregular siendo menores de edad. Se trata de una medida cautelar mientras se dirime la denuncia que varios Gobiernos y organizaciones de California presentaron contra la decisión de Trump de acabar con el llamado programa DACA y exponer a la deportación a estos jóvenes que no conocen otro país.

El juez William Alsup, del distrito con sede en San Francisco, rechazó los argumentos del Gobierno, que afirmaba que los jueces de distrito no tienen autoridad para decidir si el presidente ha actuado o no de acuerdo a la ley en su decisión de terminar con DACA. La decisión supone un importante revés judicial para Trump en un asunto que está tratando de explotar políticamente.

Trump llevó su frustración a Twitter, donde el miércoles por la mañana escribió: “Queda claro para todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial cuando la parte opuesta en un caso (como DACA) siempre va al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de ser revertido por cortes superiores”.

El Noveno Circuito al que se refiere Trump es la zona judicial con sede en San Francisco con jurisdicción para asuntos federales en todos los estados del Oeste. Las decisiones más polémicas de Trump han sido contestadas sistemáticamente con demandas de Gobiernos e individuos en California, Oregón, Washington y Hawái, estados dominados ampliamente por los demócratas, que controlan casi todos los espacios de poder desde hace dos décadas. Esas demandas van de oficio a la corte de San Francisco. Esa misma corte paralizó antes la amenaza de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario que no colaboran en la deportación de indocumentados, y el veto migratorio a países musulmanes. En todos los casos han logrado frenar o reducir significativamente el alcance de las medidas de Trump.

El pasado mes de septiembre, la Casa Blanca anunció su intención de eliminar el programa DACA (siglas en inglés de acción diferida para personas llegadas en la infancia), una medida dictada en una orden ejecutiva del presidente de Barack Obama que básicamente protege de la deportación a inmigrantes irregulares que llegaron siendo menores, al considerarlos no responsables de haber cruzado la frontera. Cuando se aprobó no se sabía cuánta gente había en esa situación. Hasta el año pasado se habían aprobado casi 800.000 solicitudes. En Estados Unidos se calcula que hay 11 millones de indocumentados.

Después de meses de ambigüedad sobre el tema, delicado políticamente por la simpatía que despiertan los dreamers, Trump anunció que no se aceptarían más solicitudes a partir de octubre y que el programa sería eliminado en seis meses, es decir a principios de marzo. La decisión de Trump suponía que toda esa gente, que había dado todos sus datos al Gobierno federal para obtener la protección y que estaban trabajando o estudiando (requisitos para acogerse al beneficio), quedaría a merced de la policía de deportación. Las protestas recorrieron todo el país. El propio Partido Republicano está dividido en torno a esta cuestión.

Trump dejó claro pronto que lo que pretendía era utilizar a estos jóvenes como moneda de cambio para obtener el apoyo del Partido Demócrata a unos presupuestos en los que se incluya dinero para la construcción del muro fronterizo que prometió en la campaña. Sin los votos demócratas, el Gobierno no tendrá los 18.000 millones de dólares que se calcula que hacen falta para el muro. Trump pretende cambiar una cosa por otra. La decisión del juez de frenar llega precisamente en medio de estas conversaciones en Washington.

La decisión del juez Alsup afecta a varias demandas que fueron presentadas contra Trump, entre ellas las del Estado de California, la Universidad de California, varias administraciones locales de Silicon Valley e individuos particulares. La Casa Blanca no puede dejar a esos jóvenes sin protección mientras se están juzgando estas demandas. La consecuencia práctica más importante de la decisión es que el Gobierno está obligado de nuevo a aceptar solicitudes de renovación. Esas renovaciones serán por dos años y no pueden ser rescindidas mientras están en vigor.

Se trata de una nueva derrota judicial de otra de las medidas más impopulares del presidente Trump en su primer año, de nuevo a cargo de los estados y las ciudades que desde el principio prometieron poner todas las trabas posibles a la agenda más extrema del presidente.

La parte contraria, el Estado de California, salió el miércoles a celebrar su victoria por boca del fiscal general del Estado, Xavier Becerra. Uno de cada cuatro dreamers vive en California. Becerra celebró la decisión, que calificó como “un gran paso en la buena dirección” después de que la vida de los beneficiarios de DACA “fuera arrojada al caos” en septiembre. Ante la perspectiva de verse abocados a vivir huyendo de la policía o ser deportados a países que no conocen, los dreamers estaban tomando decisiones como dejar sus trabajos o sus estudios y prepararse para lo peor.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, fue nombrado fiscal general de California precisamente en previsión de este tipo de batallas. El miércoles dijo en Twitter: “Estoy orgulloso de ser hijo de inmigrantes y por tanto nuestra lucha en el juzgado para proteger el DACA para los dreamers es también muy personal. Como me enseñaron con su ejemplo mi padre y mi madre, si te puedes levantar e ir a trabajar o a clase, ¡es un buen dia!”.

 

Fuente: EP

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Comienza la construcción de prototipos del muro de Trump en la frontera con México

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Agentes del sheriff de San Diego vigilan la zona donde se construyen los prototipos del muro. EFE

Las máquinas trabajan desde este martes en una zona deshabitada junto al paso fronterizo de Otay Mesa, en California

Pablo Ximénez de Sandoval

Los Ángeles / Con una imagen de unas excavadoras removiendo tierra comenzó este martes a hacerse realidad la gran promesa de Donald Trump. Lo anunció el Departamento de Interior, con un vídeo en Twitter. La construcción física del muro en la frontera ha comenzado. Falta la parte política, la financiera, las consecuencias internacionales y domésticas, pero Trump ya puede decir que el muro está en marcha.

El martes comenzaron a trabajar las máquinas en una zona deshabitada cerca del paso fronterizo de Otay Mesa, al este de Tijuana. El lugar ha sido elegido porque se trata de terreno federal y no hay problemas de permisos y expropiaciones. Es una zona desértica en el lado estadounidense.

Se van a construir ocho prototipos, de cuatro empresas distintas que aspiran a lograr el contrato para construir el eventual muro. Cuatro de los prototipos tienen que ser de cemento y los otros cuatro de “otros materiales”. Trump ha reconocido, por recomendación de la policía de fronteras, que el muro no puede ser sólido, pues es imprescindible para las tareas de vigilancia que se pueda ver lo que pasa al otro lado.

El Departamento de Interior espera que la construcción de los prototipos esté terminada en “unos 30 días” después de la orden de empezar los trabajos, según una nota de prensa publicada el martes.

Los ocho prototipos tendrán entre 5,5 y 9,1 metros de altura y una longitud de 9 metros “y estarán diseñados para detener los cruces ilegales en el área en la que se han construido”. Estos prototipos se usarán como base para el “futuro estándar de diseño” según vayan evolucionando las necesidades de la Policía de Fronteras, afirma la nota. “Estamos comprometidos con la seguridad de la frontera y eso incluye construir muros. Nuestra estrategia multisectorial incluye barreras, infraestructura, tecnología y personas”, dice en la nota el responsable de la Policía de Fronteras, Ronald Vitiello.

Las cuatro empresas que compiten por el contrato son Caddell Construction Co. LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., DBA Fisher Industries, de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas; y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Philadelphia, Mississippi. Las ofertas que presentaron iban desde los 300.000 a los 500.000 dólares.

La construcción del muro en California tiene una importante oposición institucional. Aparte de las declaraciones políticas, el Estado mismo ha presentado una demanda en los tribunales para tratar de conseguir la detención provisional de los trabajos por orden judicial. Aparte, el Ayuntamiento de Los Ángeles exige a los contratistas que revelen si tienen algo que ver con el muro. El Legislativo ha estudiado una ley para vetar en el Estado a las constructoras que participen. El Ayuntamiento de San Diego, en manos republicanas, aprobó una declaración institucional en la que se oponía a la construcción del muro.

Una vez construidos los prototipos, el resto del proyecto está en el aire. Trump aún no ha conseguido que el Congreso le apruebe los fondos necesarios para cumplir su gran eslogan de campaña, cuyo coste total se estima en 22.000 millones de dólares. Por el momento, la Cámara de Representantes ha aprobado 1.600 millones de dólares, pero el proyecto parece tener menos simpatías en el Senado. Trump ha utilizado cuestiones como el final del programa para jóvenes DACA o la ayuda de emergencia a Texas para tratar de presionar al Partido Republicano para que financie el muro.

 

Fuente: EP

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El Supremo avala de nuevo el veto de Trump para la mayor parte de refugiados

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La fachada del Tribunal Supremo, en Washington. J. SCOTT APPLEWHITE AP

Los jueces tumban la resolución de un tribunal que permitía la entrada de 24.000 extranjeros hasta el final de octubre

AMANDA MARS

Washington/ El veto migratorio de Donald Trump volvió a recibir oxígeno este martes en el Tribunal Supremo. Los jueves avalaron las medidas restrictivas relativas a los refugiados al bloquear una decisión de un tribunal inferior del pasado 7 de septiembre que, en la práctica y según el dato de Associated Press, hubiera permitido la entrada de hasta 24.000 extranjeros.

La orden ejecutiva de la Casa Blanca se convirtió en una batalla legal desde el mismo momento de su presentación, el pasado mes de enero. En lo relativo a los refugiados, suspendía su entrada durante 90 días arguyendo motivos de seguridad. Después de que lo tumbaran los tribunales, el Ejecutivo diseñó otro muy similar en marzo, que también se bloqueó como medida cautelar. Y el pasado junio el Supremo lo resucitó al levantar su suspensión provisional y permitir que se aplique a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen sin un vínculo fiable, con "una persona o entidad de EEUU".

La decisión de este martes no supone el pronunciamiento definitivo y de fondo sobre el veto migratorio de Trump. Los jueces, de hecho, tienen previsto escuchar los argumentos de las partes en una sesión el próximo 10 de octubre. Lo que deben discernir es si las restricciones migratorias de Trump cumplen los principios constitucionales y no suponen una discriminación contra los musulmanes.

La resolución de junio del Supremo ya fue muy discutida. Tres de los nueve jueces consideraban que el veto habría debido aplicarse en su totalidad. Tres de los nueve jueces, entre ellos el recién estrenado Gorsuch y el veterano Clarence Thomas sostuvieron que el veto habría debido aplicarse en su totalidad. "El compromiso de hoy carga al Ejecutivo con la tarea de decidir qué individuos de los seis países afectados tienen suficiente conexión con una persona o entidad de este país. Hasta que el caso quede sentenciado, esto supondrá una marea de recursos para determinar qué supone exactamente la denominada relación bona fide", escribió en su opinión particular el juez Clarence Thomas.

 

Fuente; EP

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