universal encabezado 2

HUÉRFANOS POR DECRETO DE LA CASA BLANCA

1529093724 361368 1529097093 sumario normal recorte1

Un niño, el pasado miércoles, en el comedor del albergue Casa Padre DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

Casa Padre, el mayor centro de acogida de inmigrantes menores sin papeles, acoge en Texas a cientos de chavales separados de sus padres por la brutal política migratoria de Estados Unidos

JOAN FAUS

Brownsville (Texas)Algunos chicos sonríen. Otros tienen la mirada perdida. Los hay abrumados. Viven de golpe en una burbuja: comida tres veces al día, cama, ropa limpia, atención médica, sala de videojuegos, un auditorio para ver películas... Pero su experiencia en Casa Padre, un antiguo hipermercado Walmart reconvertido en gigantesco centro de acogida en Brownsville (Texas), junto a la frontera con México, enmascara el trauma del feroz viaje hasta Estados Unidos y dulcifica la angustia por un futuro incierto. En poco tiempo, los casi 1.500 inmigrantes indocumentados menores de edad que hay en el albergue, el mayor de ese tipo en EE UU, sabrán si serán expulsados del país o podrán quedarse a la espera de resolver su situación judicial. Y alrededor de una cuarta parte tiene una preocupación mucho más acuciante: llegaron a la frontera con sus padres pero, al ser detenidos, fueron separados de ellos.

Los chicos son víctimas de la nueva política de “tolerancia cero” del Gobierno de Donald Trump. Desde abril, la Fiscalía presenta cargos penales contra cualquier adulto que entre de forma ilegal a EE UU, se le traslada a un centro de detención y, si ha llegado acompañado de un hijo, el menor pasa a depender de Servicios Sociales. El sistema es opaco y se desconoce su alcance. No es inusual que el padre sea deportado mientras el hijo sigue en EE UU. Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, 1.995 niños fueron separados de sus padres al tratar de entrar en EE UU en cruces fronterizos oficiales, según estadísticas obtenidas por la agencia Associated Press. Eso excluye a los muchos inmigrantes que acceden al país por vías no oficiales, como cruzar en un bote el Río Grande.

La directiva tiene un objetivo muy claro: asustar. Por ahora, sin embargo, no ha propiciado el pretendido efecto disuasorio que lleve a menos inmigrantes —la inmensa mayoría centroamericanos— a emprender un desesperado periplo desde sus países en busca de una mejor vida.

No hay precedentes de una política de ese tipo a gran escala. La Administración republicana tiene cada vez menos camas para acoger a tantos inmigrantes, ha empezado a trasladar adultos a prisiones y sopesa levantar campamentos masivos en bases militares. Trump volvió a decir este viernes que “odia” que padres e hijos sean separados y a culpar falsamente a los demócratas de “forzarlo por ley”. La realidad es que el Gobierno actúa unilateralmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tildado la nueva política de “seria violación de los derechos de los niños”. Organizaciones sociales tratan de frenarla en los tribunales y cada vez hay más voces que denuncian la inmoralidad de que el país más rico del mundo y nacido de la inmigración actúe con tal crueldad.

Casa Padre es un fiel reflejo del drama en una de las fronteras más desiguales. “Estamos bastante cerca de la capacidad máxima”, advierte Juan Sánchez, fundador y presidente de la organización Southwest Key Programs, que gestiona el albergue en un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Sociales. “Nunca ha estado así de lleno”, explica a un reducido grupo de periodistas durante una visita al complejo, el pasado miércoles, en la que no se permite hablar con los niños. “Buenas tardes”, dicen algunos. “Todo bien”. Otros guardan silencio o parecen incómodos al sentirse observados como seres extraños. Los chicos van con camiseta y pantalón corto. Muchos llevan una cruz religiosa.

Ese día había 1.469 menores durmiendo en el albergue, solo 28 por debajo del límite. Llegan allí tras pasar un máximo de 72 horas en un centro policial. Todos son varones y tienen entre 10 y 17 años. Excepto siete indios, el resto son latinoamericanos. Al menos un 70% de los chicos en Casa Padre llegaron completamente solos desde México. Pero cada vez es mayor el ratio de menores que viajan acompañados de sus padres pero son separados al entrar a EE UU. De media, los niños pasan allí 49 días. El promedio nacional es de 56.

El Gobierno tiene bajo custodia a 11.351 menores inmigrantes en un centenar de centros, según los últimos datos, que no especifican cuántos fueron separados de sus parientes. El número de chicos en custodia creció un 20% entre abril y mayo. Los menores abandonan los refugios una vez se encuentra un familiar en el país o una familia de adopción. Estarán con ellos hasta que un juez resuelva si pueden quedarse o no en EE UU. Sin embargo, Servicios Sociales reconoció en abril haber perdido la pista de unos 1.500 niños porque sus tutores no contestaron al teléfono. Hay quienes esgrimen que no responden porque la mayoría de familiares son inmigrantes indocumentados o porque quieren evitar que los chicos se presenten ante el juez.

La saturación es palpable en Casa Padre, que abrió en marzo de 2017 tras reconvertir un antiguo hipermercado Walmart de 2,3 hectáreas. En cada una de las 313 habitaciones había cuatro camas pero se ha añadido una plegable para una quinta persona. La mitad de los chicos va a clase por la mañana y la otra por la tarde. Antes de las comidas, se forman larguísimas colas. Southwest Key despidió a trabajadores el año pasado por la caída drástica en la llegada de indocumentados al inicio de la presidencia actual, pero, con el repunte actual, necesita a decenas de nuevos empleados.

En habitaciones y pasillos, hay un reguero de mensajes de motivación y patriotismo. “Imagina las posibilidades de la vida”, “América, la preciosa”, rezan algunos. Hay murales con frases de presidentes estadounidenses, incluido Trump. En apariencia, la dinámica puede recordar a la de un masivo campamento de verano. Pero los detalles revelan que los menores no son libres. Cada uno lleva una pulsera identificativa. Los empleados llevan auriculares y supervisan todos los movimientos. En las paredes se explican las “reglas” de conducta. Los chicos solo pueden estar dos horas al día en un patio exterior. Tienen derecho a dos llamadas a la semana. Cuando un menor llega, está hasta 72 horas aislado con supervisión médica. El complejo es un búnker, envuelto en un aura de secretismo. Hay vallas y personal de seguridad en los alrededores.

Como un antiguo Walmart, Casa Padre está en la cuna del capitalismo. Ubicado en la típica avenida del extrarradio estadounidense, está rodeado de locales de comida rápida y gasolineras. La vida fluye. Ajena a las historias afligidas de los casi 1.500 niños en el albergue. Omar Agustín Rodríguez, de 38 años, sí conoce el complejo. Ayudó a instalar el aire acondicionado. “Está bien porque les ayudan y repatrian”, dice en el McDonald’s aledaño. Como muchos otros aquí, nació en Matamoros (México) —separada de Brownsville por el Río Grande y una valla de seis metros— pero en 2000 emigró y ahora tiene la residencia permanente. Se vino en busca de mejor trabajo y seguridad. Deplora la ruptura de familias y elogia a los indocumentados. “Veo a gente que sufre y pelea. Les admiro”.

NERVIOS Y SATURACIÓN EN LOS TRIBUNALES

La nueva política de tolerancia cero con la inmigración irregular se percibe rápidamente en el tribunal federal de Brownsville, a unos 15 minutos en coche de Casa Padre, el albergue para menores indocumentados. Ahora cada día hay juicios sobre inmigración. El jueves se celebró una vista conjunta para 17 inmigrantes centroamericanos que habían cruzado pocos días antes el Río Grande desde México. Antes de mayo, solo se hubiese juzgado a dos o tres, aquellos con antecedentes de entradas ilegales a EE UU. El resto no hubieran sido juzgados y se hubieran quedado en un centro de detención a la espera de ser deportados o de pedir asilo.

Todos los inmigrantes se declararon culpables. Las mayores sentencias fueron 10 días de cárcel y un año de supervisión para los que tenían antecedentes. Tras ser liberados, todos serán presumiblemente deportados. Eran nueve hombres y ocho mujeres, entre los 19 y 65 años. Llevaban las manos esposadas y una cadena en la cintura. Algunos vestían ropa carcelaria y estaban visiblemente nerviosos. Todos llevaban auriculares con traducción al español.

Al menos cuatro de ellos fueron separados de sus hijos tras ser interceptados por la policía fronteriza. En el caso del hondureño Álex Roel Guevara, el abogado del Gobierno reconoció que no tienen información sobre dónde está su hija, de 13 años. “Estoy preocupado por mi niña”, clamó otro hondureño, Denis Canales Murillo, que fue separado de su primogénita, de 11 años. El juez, Ignacio Torteya, le respondió que el objetivo es reunificarlos antes de ser deportados aunque, según expertos legales, eso apenas ocurre. Otra de las imputadas, María Josefina Zuñega Alfaro, fue separada de su hijo de 15 años. Dado que es un varón, es posible que esté en Casa Padre.

Humberto Yzaguirre, el abogado de oficio de los inmigrantes, asegura que en sus 15 años de experiencia no había visto casos de ruptura de familias. “Imagínate de lo que están huyendo. Son vulnerables y no tienen ningún poder de evitar lo que el Gobierno está haciendo. Se están aprovechando de ellos. Es de locos”, dijo tras la vista.

 

Fuente: 

0
0
0
s2smodern

Trump retira la protección migratoria a miles de liberianos y les da un año para irse

1522195634 574346 1522195782 noticia normal recorte1

Donald Trump, la semana pasada en Washington. LEAH MILLIS REUTERS

La Administración cancela un programa que desde 1999 les daba derecho de residencia y trabajo

AMANDA MARS

Washington/ Donald Trump anunció este martes el fin de un programa de protección temporal para ciudadanos de Liberia que el presidente Bill Clinton puso en marcha en 1999 y que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos, mientras su país se recuperaba de las graves secuelas de la Guerra Civil. Washington considera que ya no está justificada esta protección migratoria, que afecta a miles de liberianos, y les da un año para abandonar el país, salvo que hallen una vía de regularización.

"Las condiciones en Liberia han mejorado", dice Trump en el memorando en el que ha comunicado la decisión. El país, prosigue, "ya no está experimentando un conflicto armado y ha logrado avances significativos en el restablecimiento de la estabilidad y la gobernanza democrática", de modo que el próximo 31 de marzo, cuando vence el plan de acogida, los ciudadanos que en su día vinieron y llevan años viviendo en EE UU tendrá que empezar a pensar en preparar las maletas.

Desde marzo de 1991, ciertos liberianos han sido susceptibles de acogerse a una protección temporal y en 1999, cuando el conflicto rebrotó, Clinton firmó la autorización para estos ciudadanos por periodo de un año. Cuando este acabó, lo amplió porque la situación económica y política del país era muy frágil. Sus sucesores, el republicanos George W. Bush y el demócrata Barack Obama, también prorrogaron este programa. El actual presidente tenía que decidir si lo renovaba de nuevo y ha optado por liquidarlo, aunque con 12 meses de aviso.

La decisión se enmarca en el giro restrictivo en inmigración de la Casa Blanca. Trump ya ha tomado la misma misma decisión con otros ciudadanos que vivían en EE UU esta protección temporal. El pasado noviembre anunció que se la retiraba a cerca de 59.000 haitianos, que tienen hasta julio de 2019 para irse. Por las mismas fechas había retirado también el programa de unos 5.300 nicaragüenses y en enero el de casi 200 salvadoreños.

 

Fuente: EP

0
0
0
s2smodern

ICE arresta a respetado científico que lleva 30 años en EEUU

ice2

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Syed Ahmed Jamal mientras llevaba a su hija a la escuela en Lawrence, Kansas.

Los oficiales esperaban al hombre de 55 años de edad en el jardín frontal de su vivienda, lo esperaron a que se despidiera de su esposa y otros hijos, cuando fue interceptado y esposado.

El arresto de hombre, a quien sus vecinos describen como un “hombre de familia amorosp, científico y líder comunitario”, sorprendió a los amigos y vecinos de Jamal en el área de Kansas City, donde ha vivido desde que llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante de Bangladesh, hace más de 30 años.

El científico logró sus postgrados en biociencias moleculares e ingeniería farmacéutica.

Durante varios años cambió de visas de estudiante a una visa H-1B para trabajadores altamente calificados, luego volvió a una visa de estudiante cuando se inscribió en un programa de doctorado, dijo su familia.

En el momento de su arresto, Jamal tenía un permiso de trabajo temporal, enseñaba química como profesor adjunto en Park University en Kansas City y conducía investigaciones en varios hospitales locales.

En una declaración al Washington Post, que reportó la historia, un funcionario de ICE dijo que la agencia “continúa enfocando sus recursos policiales en personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

Se le preguntó si Jamal había hecho algo que lo hubiera colocado en esta categoría, pero el funcionario dijo que “como ha dejado en claro el director interino de ICE, Thomas Homan, ICE no exime a las clases o categorías de extranjeros extraíbles de la posible deportación”, sin que se dieran más detalles.

El arresto de Jamal es también el último ejemplo de agentes de ICE que se dirigen abruptamente contra no ciudadanos sin antecedentes penales.

Jamal ya había sido detenido por ICE en 2011, pero un juez le concedió permanecer en el país, debido a sus contribuciones y bajo condición de acudir a sus citas con “La Migra”.

El abogado del científico, Jeffrey Y. Bennett, presentó una solicitud para suspender la deportación de Jamal.

Los agentes de ICE aumentan las acciones para deportar “a cualquier persona”, lejos de la posición del presidente Donald Trump, de enfocarse en delicuentes.

 

Fuente: MSN Latino

0
0
0
s2smodern

“Sería ridículo dar un permiso temporal a los ‘dreamers’ a cambio de que deporten a sus padres”

1516143807 788714 1516143947 noticia normal recorte1

Kevin de León, en su despacho durante una entrevista con EL PAÍS en 2016. APU GOMES

El presidente del Senado de California, Kevin de León, reclama un acuerdo que proteja a los jóvenes inmigrantes crecidos en EE UU

AMANDA MARS

Washington/ Esta es la semana clave para el futuro de los dreamers, los jóvenes que llegaron a EE UU de forma irregular siendo niños y que han estudiado y crecido en este país como cualquier otro ciudadano. Donald Trump exige a los legisladores demócratas un acuerdo para la construcción del polémico muro en el límite con México, más recursos en el control de fronteras y mano dura contra la inmigración sin papeles a cambio de evitar su deportación. La condición suena absurda para el presidente del Senado de California, Kevin de León. "Sería ridículo entregar un permiso temporal a esos jóvenes a cambio de que deporten a sus padres, esa es una tregua que no se debe permitir", dijo a EL PAÍS este martes, tras su encuentro en Washington con una agrupación de jóvenes dreamers.

Demócratas y republicanos negocian esta semana un acuerdo para ampliar la financiación de la Administración y evitar el cierre gubernamental o shutdown antes del viernes por la noche, cuando se acaban los fondos. Pero los progresistas presionan pidiendo una solución para los dreamers, un colectivo de casi 700.000 jóvenes que quedaron en el limbo cuando Trump decidió poner fin al programa DACA (Acción Diferida para Llegadas Infantiles, en sus siglas en inglés) de Barack Obama, por el cual obtenían una cobertura legal, a renovar cada dos años.

"Que quede claro, los republicanos controlan todos los niveles de Gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estamos hartos y cansados de estas manipulaciones y juegos políticos, no jueguen con la vida de estos jóvenes, los dreamers no son una moneda de cambio. La responsabilidad de que el Gobierno no cierre cae sobre los hombros de los republicanos", recalca de León.

Nacido en San Diego e hijo de una inmigrante guatemalteca, que salió adelante como limpiadora en Estados Unidos, el líder del Senado de la progresista California ha hecho de la defensa de los inmigrantes el sello de su carrera política. Ahora pugna por convertirse en el candidato demócrata del estado al Senado de EE UU en Washington. Se ve con opciones de cara a las legislativas de noviembre. A su juicio, "2018 puede ser una ola de victoria para los demócratas. Los republicanos siguen con un retórica repugnante, vil, ultraderechista y la mayor parte de americanos teme los perjuicios que pueda causar el hombre que ocupa de la Casa Blanca".

Cuando se le pregunta sobre la política que el Partido Demócrata debe adoptar respecto a la inmigración irregular, De León marca una frontera entre los sin papeles que ya se encuentran en EE UU y la posible entrada de nuevos extranjeros de forma irregular. "Con los 11 millones de indocumentados que están en el país hay que abrir un camino hacia la residencia temporal y después un sendero que les lleve a la ciudadanía", afirma, si bien, "controlar la inmigración irregular hacia EE UU procedente de cualquier país, puede ser de España o África, China o Corea, es un derecho. Todo país tiene derecho jurídico a controlar esas fronteras". "Pero hay pensar en que hay 11 millones de personas de gente trabajadora que paga impuestos", insiste.

 

Fuente: EP

0
0
0
s2smodern

La policía de EE UU lanza una redada en cerca de 100 tiendas 7-Eleven en busca de inmigrantes indocumentados

1515627219 015957 1515627473 noticia normal recorte1

Agentes de la policía frente a un 7-Eleven este miércoles de madrugada. CHRIS CARLSON AP

El dispositivo nacional supone una nueva táctica dentro de la agresiva estrategia de deportaciones de Donald Trump

NICOLÁS ALONSO

Washington/ La policía migratoria de Estados Unidos realizó este miércoles una redada en cerca de 100 establecimientos de la cadena 7-Eleven. El operativo, que se extendió por 17 Estados del país, tenía como objetivo investigar la legalidad de los empleados, muchos de ellos inmigrantes, y resultó en 21 detenciones. Es la primera vez que la agresiva estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump fija la diana en una gran empresa.

Antes del amanecer, centenares de agentes desde el distrito coreano de Los Angeles hasta Nueva York, pasando por la capital, Washington y otros Estados como Florida, inspeccionaron y entrevistaron a empleados y gerentes de los pequeños establecimientos. “Las acciones de hoy son un mensaje poderoso a las empresas estadounidenses que contratan y emplean a inmigrantes indocumentados: nosotros aplicaremos la ley, y si ustedes están saltándose la ley, serán consecuentes de sus hechos”, afirmó en un comunicado Thomas D. Homan, el director interino de la agencia migratoria.

En declaraciones a AP, Derek Benner, el responsable de las investigaciones de la agencia migratoria describió la operación de la siguiente manera: “Es un calentamiento para lo que nos espera este año. Verán más inspecciones de gran envergadura como esta”.

El dispositivo del miércoles supone una nueva táctica para la Administración Trump, que desde que ocupó la Casa Blanca hace casi un año ha desplegado una dura retórica antiinmigrante y mantenido su promesa de construir un muro en la frontera sur, además de aprobar un veto migratorio contra refugiados e inmigrantes de países musulmanes. El Ejecutivo ha aumentado las deportaciones en 40% desde el pasado enero. Mientras, la entrada de inmigrantes que cruzan la frontera con México han caído en un 24%.

7-Eleven es uno de los conglomerados principales de tiendas de conveniencia en EE UU, con más de 60.000 establecimientos en todo el mundo. Muchos de sus locales están abiertos 24 horas y venden una amplia gama de productos básicos y snacks. En un comunicado a The Washington Post, la empresa basada en Texas se desligó de sus franquicias y defendió que no es responsable del proceso de contratación en cada establecimiento. Las investigaciones del miércoles proceden de una operación realizada hace cuatro años en uno de los locales de la empresa en Nueva York, en el que las autoridades arrestaron a nueve dueños y gerentes por “amparar a inmigrantes indocumentados”.

 

Fuente: EP

0
0
0
s2smodern

facebook   twitter   instagram    googleplus  

2282189
Hoy
Ayer
Esta Semana
Semana Pasada
Este Mes
Mes Pasado
Todos Los dias
651
6363
35960
2186742
140546
113333
2282189

Tu IP 54.166.160.105
2018-06-22 05:38


facebook   twitter   instagram   googleplus  



© 2015 Copyright Universal Prensa. All Rights reserved.